Estamos a unos cuantos días de que finalice el año y es necesario expresarnos en relación al presente y futuro inmediato en relación a la situación socio ambiental, especialmente en relación a la industria minera y otras actividades económicas que hacen parte del modelo extractivista que impera en nuestros países, que determina la ausencia de la perspectiva de sustentabilidad, sostenibilidad y socio ambiental en la gestión política y económica de los gobiernos de turno.

Estas actividades económicas se realizan, también, en las zonas fronterizas entre nuestros países, sin embargo, el análisis y la posición frente a éstas no debe de hacerse a partir de las fronteras administrativas sino a partir de las cuencas hidrográficas compartidas o transfronterizas, ya que sus impactos son también transfronterizos, es decir, que sus efectos adversos cuyo origen pueda situarse de manera total o parcial en una zona bajo jurisdicción de un país, también pueden observarse en zonas bajo la jurisdicción de otro país.

Ese es el caso del proyecto minero Cerro Blanco, el cual se define como un proyecto minero transfronterizo, que se localiza en la cuenca del rio Lempa, y que sus impactos negativos alcanzara sin duda alguna al territorio salvadoreño, existen diferentes estudios realizados a nivel nacional e internacional, que demuestran los múltiples impactos negativos de la minería metálica sobre los bienes hídricos localizados en las zonas de los proyectos, todo esto, debido al uso del cianuro, por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo y la potencial generación del drenaje acido, por consiguiente, se puede afirmar que en el corto y mediano plazo, el proyecto minero impactaría negativamente en la calidad y cantidad de agua, tanto del rio Ostúa como del lago de Guija; posteriormente, es previsible que la contaminación llegue hasta el rio Lempa, dado que el lago de Guija es tributario de este; por tanto, las afectaciones en las condiciones de vida serán en primer lugar, a la población guatemalteca que vive en la zona del proyecto y en segundo lugar, a la población que vive aguas abajo, y que en general vive en la cuenca del rio Lempa.

Teniendo en cuenta esta potencial afectación a la población guatemalteca y salvadoreña, las comunidades y las organizaciones sociales han realizado un conjunto de acciones frente al gobierno de Guatemala y de El Salvador con el fin de detener ese proyecto minero, en ese marco se inscribe la consulta ciudadana realizada en el Municipio de Asunción Mita el pasado 18 de septiembre del presente año, un paso significativo que marca el presente y el futuro de la minería transfronteriza.
Los resultados fueron contundentes en contra del proyecto minero Cerro Blanco, del total de población que acudió a votar, el 87.98% votó en contra de los proyectos de minería metálica y sólo un 10.63% expresó a favor.

No hay ninguna duda, el proceso de consulta municipal y los resultados obtenidos son una victoria absolutamente legal y significan la legitimización de nuestra lucha antiminera metálica en el Municipio de Asunción Mita, en Guatemala, en las zonas fronterizas y en El Salvador

Ante ello, tomando en cuenta la necesidad de proteger las cuencas hídricas, nacionales y compartidas, siendo estas necesarias para asegurar la reproducción de la vida y el bienestar de la población, y como medios esenciales para la realización de todos los derechos humanos, atentamente, demandamos:

Al gobierno de Guatemala:
• El respeto a la decisión expresada de manera contundente por la población miteca en contra del proyecto minero Cerro Blanco.
• Se respete la integridad física y moral de las y los luchadores socios ambientales comprometidos con los intereses de la población miteca.
• Que en correspondencia con la voluntad del pueblo miteco y en aras de salvaguardar la integridad de las cuencas transfronterizas de la zona limítrofe entre El Salvador y Guatemala, no otorgue el permiso de explotación a la empresa minera Bluestone Resources Inc, empresa canadiense dueña del proyecto minero Cerro Blanco;
Al gobierno de El Salvador:
• Cumplir con el Artículo 33, de la Ley General de Recursos Hídricos, vigente desde el mes de junio del presente año, que obliga al estado a negociar y suscribir Tratados y Convenios Internacionales de cuencas o drenaje internacional o cuencas transfronterizas, siendo éstos bilaterales o multilaterales con relación a cursos de agua internacional y el Articulo 34, que una vez conformado el Comité de gestión de cursos de agua internacional procedan a darle cumplimiento al mandato derivado de la ley, asimismo, que se establezcan los mecanismo de comunicación y de participación social en los procesos de negociación que se emprendan por la comisión.

A los gobiernos de Guatemala y El Salvador:
• Reiteramos nuestra petición de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca compartida, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.

Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas
El Salvador, 12 de diciembre de 2022