La crisis sanitaria generada por la pandemia por COVID-19, entre otras manifestaciones, ha develado la fragilidad de la vida ante semejantes amenazas, así como la desigualdad crónica que existe en el país, lo que impide que la mayoría de población cuente con los recursos básicos para el cuido de la vida.

La falta de acceso y disponibilidad de agua salubre que sufren decenas de miles de hogares, principalmente pobres, en El Salvador, es un atentado contra la vida misma. La crisis surgida a raíz de COVID-19, ha confirmado la necesidad impostergable de una gestión del agua como derecho humano, tal y como se ha venido exigiendo durante tantos años a las diputadas y diputadas, quienes a la fecha no han podido o no han querido hacer justicia al clamor de la población. Postergar más el reconocimiento del agua como derecho humano, es también negarle a la población el derecho a disfrutar de condiciones de vida dignas.

Hoy 28 de julio, se cumplen 10 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera en la resolución A/RES/64/292 que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, mientras en El Salvador, este derecho humano esencial sigue sin ser reconocido en la Constitución ni desarrollado en la legislación secundaria.

La trascendencia mundial del tema se reforzó en 2015, cuando el Papa Francisco, publicó la Carta Encíclica “Laudato Si”, dedicada en su totalidad a proponer el bienestar de los pobres e inseparablemente el bienestar de la naturaleza, y en donde reafirma que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” (Ls 30).

En El Salvador no han sido pocos los esfuerzos de parte de las comunidades, organizaciones sociales, iglesias y otras instancias para lograr que sea reconocido este derecho humano en la Constitución. Fruto de la lucha social, en abril del 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Artículo 69 de la Constitución para incluir el agua y la alimentación como derechos fundamentales, pero dicha reforma no fue ratificada y en su defecto, al final de la legislación 2012-2015, se aprobó la misma reforma, pero en la siguiente legislatura dicha reforma no fue ratificada.

En la legislación 2015-2018 se incorporaron nuevas propuestas de reforma, dos provienen de distintos agrupamientos parlamentarios que piden reformar el Art. 69, y otras dos propuestas buscan reformar el Art. 2, iniciativas presentadas por el Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” junto al Arzobispado de San Salvador y la otra es de la Universidad de El Salvador. Al calor de la campaña electoral, dichas propuestas lograron ser discutidas en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero transcurrido el período electoral pasó también el interés por el derecho humano al agua en la Asamblea Legislativa.

Hay pues varias propuestas con elementos importantes que deberían ser analizadas y discutidas con el carácter urgente que las circunstancias actuales lo ameritan, y no acumular más la deuda histórica que la Asamblea Legislativa tiene con la población. De hecho, al preguntar a la población por la urgencia en que se debe reconocer el Derecho Humano al Agua en la Constitución, el 97.8% de los encuestados opina que es urgente o muy urgente y el 99.5% de la población considera que el agua es un derecho humano (IUDOP, 2020).

Por eso, todos los sectores y organizaciones aquí firmantes exhortamos a los y las diputadas de la Comisión de Legislación y Puntos Constituciones a que retomen cuanto antes el proceso para reconocer el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la Constitución, y al mismo tiempo que los diferentes grupos parlamentarios se comprometan en la ratificación de la misma en los primeros días del siguiente periodo legislativo.

A partir de este día, diversos sectores y organizaciones sociales, académicas, iglesias, entre otras, iniciamos una campaña ciudadana que, impulsando procesos de educación, sensibilización, comunicación e incidencia, promoverá que a la brevedad se apruebe esta trascendental reforma en la Constitución.

Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua

Mesa Ambiental de la Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador.
Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM)
Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”
Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua
Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (redCAT)
Mesa de Cambio Climático de El Salvador
Mesa de Iglesias Históricas