12 oct. 2020. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad un dictamen para reformar la Constitución de la República en sus artículos 2 y 69 donde se reconoce el agua como un derecho humano fundamental para la vida.

 “Hemos logrado una primera etapa de esta lucha, todas las expresiones partidarias concurrieron para obtener un dictamen favorable”, dijo el miembro de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua, Guillermo Navarro, instantes después que los diputados decidieran aprobar las modificaciones a la Constitución de la República para que el derecho humano al agua sea contenido en su articulado.

Es un paso, pero faltan muchos que dar, ya que el jueves 15 de octubre la Asamblea Legislativa durante su plenaria, deberá aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. “Esperamos se apruebe tal y como lo han consensuado los diferentes partidos políticos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales”, dijo Navarro. Y aunque es “un contenido de reforma que no nos satisface al 100 por ciento, creemos que se ha logrado un gran paso, pues en el artículo 2 quedaría establecido que el agua y el saneamiento son un derecho, y en el artículo 69 se expresa que el agua es un bien público”.

Para los miembros de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua, a la que pertenecen instituciones, iglesias y colectivos de instancia que se preocupan por el tema del agua, el dictamen obtenido es importante porque esto cerraría la amenaza a cualquier intento privatizador del agua. “Los otros contenidos relativos a la participación ciudadana y que las leyes que velarían por la operatividad este derecho tengan el estatus de leyes especiales y de orden público, así como que la gestión del agua debe ser sin afán de lucro (elementos que la Alianza pedía quedarán también consignados en la Constitución de la República), pasan a la comisión de medio ambiente y cambio climático y ellos los retomarían en la construcción de la propuesta de ley General de Aguas y Saneamiento, para cerrar la puerta a cualquier intento de privatización o de ver el agua con un enfoque mercantilista”, expresó Guillermo Navarro, quien considera que con la aprobación de este dictamen lo que se ha logrado es que. El logro es que el enfoque del agua sea de derecho humano y no mercantil.

“Nos sentimos satisfechos a medias, pues ahora la discusión estratégica se traslada a la construcción de la Ley General de Aguas, porque el espíritu de la reforma tiene que irradiar todo el articulado de la misma, de tal manera que se mantenga el enfoque de derecho humano y para nosotros es fundamental que esta ley recoja los elementos de la participación ciudadana y que la gestión del agua sea sin afán de lucro así como que tenga un estatus de ley especial y de orden público”, puntualizó finalmente Navarro.