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El agua es un derecho y no una mercancía.
Nos encontramos en medio de una coyuntura especial de cara al proceso de reforma constitucional que busca el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El 7 de septiembre, los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales asumieron compromisos concretos para hacer avanzar el tema de la reforma después de haber recibido a una delegación de nuestra Alianza, a la que se incorporó el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.(Comunicado completo)
De igual forma, el 28 de septiembre recién pasado se abordó el tema de la reforma en la discusión de la comisión, pero no hubo dictamen favorable. En esta ocasión se pudo observar importantes avances en la propuesta de reforma. Como Alianza, valoramos positivamente los avances observados en cuanto a los contenidos que los diputados y diputadas consideran incorporar en la reforma constitucional, específicamente lo referente a vincular el Derecho Humano al Agua con el Saneamiento; y que la gestión del agua debe ser de carácter público. Valoramos con agrado también la anuencia de plasmar dicha reforma en el artículo 2 de la Constitución, donde se vincula este derecho a la vida misma.
Sin embargo, vemos con preocupación que hay elementos de nuestra propuesta de reforma que no han sido considerados en los planteamientos de distintos partidos políticos que hemos conocido, tal es el caso de la participación ciudadana, leyes de orden público y el agua como derecho sin fines de lucro. Los anteriores elementos son coherentes con el carácter de derecho fundamental del agua y del saneamiento, pero no han logrado tener el consenso en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.