Comunidades afectadas por la minería se encuentran preocupadas por la ausencia ambiental en la gestión gubernamental. Acá dejamos el comunicado en dónde expresan su sentir y peticiones a las autoridades respectivas. (Aquí puede ver la conferencia de prensa)

COMUNICADO DE LA RED CENTROAMERICANA POR LA DEFENSA DE LAS AGUAS TRANSFFRONTEIZAS (RedCat).
Representantes de comunidades de los municipios de Santa Ana, Metapán, Santa Rosa de Lima, Ilobasco, San Isidro, Chilanga, de Santa Marta en coordinación con La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, en el marco del encuentro nacional de comunidades afectadas y amenazadas por la explotación minera metálica en El Salvador al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional manifiesta:

1. Nuestra preocupación por la ausencia ambiental en la gestión gubernamental, que se expresa principalmente en la ejecución de mega proyectos de infraestructura que, por su propia naturaleza, son depredadoras del medio ambiente. También observamos diversas actividades económicas extractivas que agravan la crisis socio ambiental que vive el país.

2. Que el pasado 29 de marzo se cumplieron 6 años de haberse aprobado la ley de prohibición de la minería metálica en el país, sin embargo, es una ley que no se cumple. Las obligaciones derivadas de la ley como el cierre y remediación de los pasivos ambientales, consecuencia de la explotación minera anterior a la aprobación de la ley y la reconversión económica de las familias dedicadas a la minería artesanal a otras actividades productivas, siguen sin cumplirse, esto último es especialmente grave, dado que su incumplimiento significa que a la fecha se sigue desarrollando actividades mineras, especialmente en la zona de San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima.

3. Que nos encontramos en un momento muy delicado, estamos claros que el actual gobierno ha adoptado un conjunto de acciones encaminadas a revertir la ley de prohibición de la minería metálica y por consiguiente, abrir nuestro país a la explortación minera. La incorporación de El Salvador al Foro Gubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible-IGF, la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la aprobación de la Ley de Expropiación y de Ocupación de bienes por el Estado, son, sin duda alguna parte de ese conjunto de acciones antes mencionadas.

4. Que al mismo tiempo, se observa en los territorios la presencia de profesionales y trabajadores en general, relacionados a empresas mineras, que ya en el pasado han expresado su interés por explotar nuestros bienes naturales, lo anterior puede indicar que estas empresas se están preparando ante una eventual decisión del gobierno de revertir la ley.

5. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la persistente amenaza de la explotación minera en las zonas fronterizas, especialmente, por el proyecto minero Cerro Blanco en el municipio de Asunción Mita, Guatemala, que de ejecutarse desencadenaría una grave afectación socio ambiental, incluyendo la vida de las y los habitantes en Guatemala y en El Salvador.

6. Que en este marco se han llevado a cabo la captura de liderazgos comunitarios en Santa Marta, departamento de Cabañas, reconocidos por su aporte en la lucha anti minera metálica en el país. Nos solidarizamos con los compañeros de Santa Marta, detenidos arbitrariamente, demandamos que se les respete su integridad moral y física, sus derechos y que se asegure la realización de un juicio justo y acorde con lo establecido en el marco legal del país.

Finalmente, demandamos al gobierno de El Salvador.:
1. Cumplir y hacer cumplir plenamente la ley de prohibición de la minería metálica y enviar un mensaje claro a las empresas minera, que la reversión de la ley no es una opción para nuestro país.
2. Que realice todas las gestiones necesarias a fin de evitar la explotación del proyecto minero Cerro Blanco.
3. Que se inicie de inmediato las negociaciones por un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
4. Vasta de criminalizar a los defensores del medio ambiente, especialmente a quienes luchan por la sustentabilidad de sus territorios amenazados por la minería y otros proyectos que actualmente se implementan.