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El agua es un derecho y no una mercancía.

| Oficina Nacional/Ilse Vallecillo

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"Los diputados pretende que la institucionalidad rectora del agua este dominada por entes privados, los cuales tienen intereses económicos evidentes en los recursos hidricos de El salvador" denunciaron durante conferencia de prensa los miembros del Colectivo Socioambiental "Cuidemos la Casa de Todos". Ellos se refieren a que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático decidieron el pasado 5 de junio basar la discusión de la Ley General de Aguas sobre una propuesta presentada en el 2017, por los partidos ARENA, GANA, PDC Y PCN la cual "es apoyada por la Asociación Naconal de la Empresa Privada (ANEP)", sostienen los denunciantes. A continuación el comunicado del Colectivo Socio Ambiental "Cuidemos la Casa de Todos".

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Por más de 12 años, diversas organizaciones sociales, academia, organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica se han pronunciado de manera sistemática para que la Asamblea Legislativa de El Salvador apruebe una Ley General de Aguas, cuyo contenido esté en coherencia con el mandato de las Naciones Unidas de establecer el agua como un derecho humano fundamental para la vida. A lo largo de estos 12 años de incansable lucha y llamados han pasado 4 periodos legislativos sin que se logre aprobar una Ley General de Aguas.
Las razones o las cuasas para demandar una Ley General de Aguas están más que fundamentadas, sólo basta con analizar el lamentable diagnóstico de nuestras aguas, como por ejemplo, de los 590 rios que tiene El Salvador el 98% estan contaminados; existe un anarquismo en el uso prioritario del agua, lamentablemente en nuestro pais este bien se ve como una mercancia y no como un derecho.

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Con esta nueva legislatura 2018-2021 vamos de mal a peor.

El dia Martes 5 de junio del 2018 la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, dominada por los partidos de la derecha salvadoreña, acordaron con 9 votos, tomar como base para la discusion de la ley, la propuesta de “Ley Integral de Aguas” presentada por los partidos, PCN, GANA, PDC y ARENA, la cual es apoyada por ANEP, pretende que la institucionalidad rectora del agua este dominada por entes privados, los cuales tienen intereses económicos evidentes en los recursos hidricos de El salvador.

Se suma a esta lamentable decision de la Comision de Medio Ambiente y Cambio Climatico, el acuerdo de desconocer todos los avances de la legislatura anterior, en donde ya se habia alcanzado acuerdo de aprobacion de 92 articulos y se estaba discutiendo una propuesta de institucionalidad presentada por la UCA, el Arzobispado de San Salvador, PDH y apoyada por el Colectivo Socio Ambiental Cuidemos la Casa de Todos.

Demandamos a los diputados y particularmente a la Comision de Medio Ambiente y Cambio Climatico:

- Se respeten los 92 artículos consensuados en la legislatura 2012-2015 y que se continúe en la discusión de esa propuesta que garantiza la gestión del recurso con enfoque de cuenca, indispensable para la mejor administración del recurso hídrico.

- Sea el Estado, y no entes privados, quien garantice de manera equitativa, eficiente y sostenible el acceso a este recurso tan vital para toda la población.

- Que se incorpore la propuesta de institucionalidad presentada el 22 de Agosto de 2017 por el Arzobispado de San Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que garantizaría una gestión del agua con enfoque de derecho humano, con participación ciudadana y que evitaría que el agua se gestione desde intereses mercantilistas.

- La administración del agua se garantice con enfoque de cuenca para la mejor gestión del recurso.

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A la población salvadoreña:

- A que esté alerta y defienda su derecho Humano al Agua y que exija a los diputados que legislen a favor del pueblo y no a favor de intereses económicos que buscan en el agua una fuente de riqueza.

- Que se unan a la Campaña de recolección de firmas ciudadanas a favor de una Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua y a una Ley General de Aguas con un institucionalidad Estatal.