Varios obispos defienden ante la CIDH a campesinos e indígenas de los excesos de las industrias que extraen recursos naturales. La Iglesia latinoamericana acude este jueves por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo hace para denunciar la vulneración de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en la Amazonía y Mesoamérica. Tres de los obispos que participan en la audiencia de Washington —de Brasil, Guatemala y Perú— afirman que comparten un mismo problema en la región.

El obispo peruano Pedro Barreto, presidente del departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), destaca la creación reciente de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM): "Es un espacio de diálogo y de apoyo mutuo, porque que en los seis millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía los problemas son parecidos. Las poblaciones indígenas y ribereñas [que no son oriundas de la Amazonía] se ven afectadas en sus derechos fundamentales. Son unos 35 millones de hermanos y hermanas".

"El Papa Francisco ha dicho que la tierra es un don de Dios que hay que administrar con responsabilidad", señala Barreto, haciendo referencia a la responsabilidad de los Estados.

"Desde el asesinato de la hermana Dorothy en Brasil en 2005, no ha habido más muertes de religiosos a manos de garimpeiros [buscador de piedras preciosas]. Sin embargo, del total de ambientalistas asesinados en el mundo, la mayoría ocurrieron en Brasil", anota Roque Paloschi, obispo de Roraima, la región que padece uno de los más graves conflictos en las tierras indígenas de ese país, en la reserva Raposa Serra do Sol. Según la ONG Global Witness, de 147 muertes de muertes de ambientalistas en 2012, 36 sucedieron en Brasil. Paloschi también menciona el caso de Erwin Kräutler: "El obispo de Xingú tiene protección policial hace varios años debido al conflicto por la hidroeléctrica de Belo Monte. Estas empresas se están construyendo sin las debidas consultas, que suelen ser vejatorias con la población: la legislación no es respetada".

"Hay en la Amazonía una avalancha de proyectos armados por el gran capital, pero también está la extracción ilegal: la minería es muy fuerte, pero en Roraima avanza el agronegocio y la monocultura de caña, soya, palma y eucalipto", precisa el también miembro de la Comisión de Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB por las siglas en portugués).

Sin embargo, Barreto aclara que no se oponen a la actividad extractiva. "La iglesia tiene un anuncio muy claro, en algunas zonas esta actividad no puede darse, como las reservas, ni tampoco si hay vulneración directa de los derechos humanos".
El obispo de Huehuetenango (Guatemala), monseñor Álvaro Ramazzini, espera que después de la audiencia en la Comisión Interamericana "esta problemática sea mejor visibilizada: que se oigan las voces de las poblaciones indígenas, empobrecidas con las consecuencias de esta actividad extractiva que va contra el medio ambiente. Queremos hacer visible una problemática que no es bien conocida y menos aún comprendida".

Ramazzini agregó que en su país las operaciones de mineras canadienses, pese a que deben respetar estándares del Banco Mundial, no son fiscalizadas ni han sido objeto de consulta previa de los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. "La violencia se ve más en la minería de oro y de plata, aunque también la minería no metálica —de grava, piedrín y arena— está causando daños sobre cuencas y caudales de ríos y por ello nos enfrentamos a inundaciones", reporta Ramazzini, presidente de la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala.