La Mesa de Cambio Climático de El Salvador (de la cual es parte Cáritas El Salvador): Considerando que el Acuerdo de París: Fomenta espacios de diálogo y acción para aumentar el nivel de ambición y definir reglas que aún podrían aprovecharse para asegurar la efectividad de la mitigación y viabilidad de la adaptación al cambio climático, haciendo pertinente la continuación de las negociaciones multilaterales en el tema, especialmente bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Convención). (Vea vídeo)

 - Requiere la presentación de las contribuciones nacionales de los países mediante un proceso que, aunque es «de abajo hacia arriba» y aún no asegura la meta global de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1.5°C; puede considerarse un esfuerzo mundial encaminado a prevenir el colapso de los sistemas y sectores socio-económicos y ecológicos, y la vida individual y colectiva en todas sus expresiones y formas.

- Ayudará a fortalecer las capacidades nacionales, ya que su implementación requiere el fomento de la sensibilización pública, educación, investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica; además de la aplicación de las mejores prácticas de planeación e implementación de políticas.

- Podría aprovecharse para el diseño de una estrategia nacional para el bienestar y la sustentabilidad, mediante la adopción de políticas que faciliten el tránsito hacia: la viabilidad social, económica y ambiental; la observancia del sistema de derechos y la justicia ambiental; la eficacia, equidad y pluralidad económica; el bienestar social y la reducción de la pobreza. Haciendo notar sobre la «Contribución Prevista Determinada a nivel Nacional» (INDC) del Estado salvadoreño, lo siguiente:

- Constituye una señal del Gobierno para contribuir al esfuerzo mundial encaminado a aplicar el Acuerdo de París.- A pesar que el Gobierno contó con el acervo científico, asesoría y acompañamiento técnico-metodológico, y recursos financieros disponibles y proveídos por la Convención, para su elaboración y presentación; esto no fue aprovechado para el fomento de capacidades, planeación de políticas y reporte en materia de adaptación y mitigación.

- Fue elaborada sin una planeación oportuna y apropiada, con corto tiempo de preparación; luego de una consulta pública que no aplicó el «Principio del Consentimiento, Libre, Previo e Informado»; y presentada fuera del plazo estipulado, a sólo doce días previos al inicio de la COP-21.

- No cumple los atributos de "claridad, comprensibilidad y transparencia" al carecer de los criterios de idoneidad, eficacia y transparencia, lo cual incluye la falta de métrica, exactitud, precisión, comparabilidad y sustentación en los inventarios, evaluaciones y escenarios de referencia y futuros de emisiones de GEI, vulnerabilidad, manifestaciones e impactos del cambio climático para estimar el potencial de adaptación y mitigación; lo cual le resta credibilidad y afecta su elegibilidad para el financiamiento.

- Debe ser superada sustancialmente en cuanto a sus deficiencias para preparar la primera «Contribución Determinada a nivel Nacional» (NDC) como documento de referencia para la aplicación del Acuerdo. Exhortamos al Gobierno y a los pueblos, actores y sectores no gubernamentales a reconocer que:

- El paradigma del «crecimiento económico alto primero» con su «enfoque antropocéntrico» han impregnado el entorno político nacional e internacional; relegando las agendas de calidad ambiental y cambio climático, comotambién las agendas relativas al sistema de derechos, acceso universal a los bienes comunes del Estado y pluralidad económica.

- Los esfuerzos, recursos y capacidades abocados en el Acuerdo de París para la acción en mitigación y adaptación al cambio climático, son coherentes y sinérgicos con las políticas, programas y medidas orientadas a la justicia social, sustentabilidad ambiental, eficacia y equidad económica; pues las acciones de mitigación mejoran la calidad ambiental, calidad de vida y sustentabilidad; y las medidas de adaptación, contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad física, social, económica y ambiental.

- La acción ante el cambio climático no le compete sólo al gobierno central o poder ejecutivo, sino al Estado salvadoreño en su conjunto; por lo que los órganos legislativo y judicial y la población deben participar desde su ámbito de responsabilidad, en construir un entorno nacional habilitador y apropiado para la aplicación del Acuerdo de París en el marco del sistema de derechos.

- Un análisis comparativo de costo-efectividad entre un escenario de acción y otro de inacción ante el cambio climático en el país, muy probablemente reflejaría que los costos de la acción son menores que los de la inacción; justificando la conveniencia de una acción inmediata; la ratificación y entrada en vigencia temprana del Acuerdo de París, y la preparación de la Primera y sucesivas NDC de manera clara, comprensible y transparente.

- La inacción ante el cambio climático podría generar la no observancia por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos y entrañar, entre otros, privaciones del derecho a la vida y de los medios de sobrevivencia, amenazas graves a la salud y daños a bienes y personas; lo cual podría eventualmente ser objeto de acciones judiciales o de otra índole, en instancias nacionales o internacionales.

- La adopción de una Ley sobre cambio climático, supone el reordenamiento, organización y articulación de los compromisos y obligaciones derivados de la Convención y el Acuerdo de París, para su aplicación eficaz, y la actualización y renovación de los mandatos y mecanismos institucionales, incluyendo la medición, notificación y verificación periódica de la acción ante el cambio climático.

- la Primera NDC de El Salvador debería ser el punto de referencia y de partida para las mejoras futuras, y constituirse en la base para el diseño, institucionalización y legalización del sistema nacional de medición, notificación y verificación de la acción ante el cambio climático en cumplimiento a los compromisos asumidos.Por lo tanto, demandamos que el Gobierno salvadoreño, al tomar acción inmediata para que la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) sea clara, comprensible y transparente: (lea documento completo)